Entrevista a los autores de ¿Hay derecho?: no hay verdadera Democracia sin Estado de Derecho

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En iAhorro.com tenemos el privilegio de contar con uno de los paneles de expertos independientes de más calidad que existen en estos momentos, en materia de ahorro, fiscalidad y temas jurídicos.

Fernando Gomá Lanzón (notario experto en iAhorro.com), coautor del libro ¿Hay Derecho? junto a Elisa de la Nuez (abogado del Estado), Ignacio Gomá Lanzón (notario), Fernando Rodríguez Prieto (notario) y Rodrigo Tena Arregui (notario), han aceptado contestar a una entrevista colectiva, algo que sin duda supondrá una información muy valiosa de lo que piensa este elenco de profesionales de primer nivel de la calidad de nuestra democracia.

Dada la extensión y máxima calidad de las respuestas, vamos a dividir en tres partes la entrevista, que publicaremos hoy y en los sucesivos días.

Además de la importancia de conocer lo que piensan que funciona mal en nuestro país, en relación a temas tan importantes como la aplicación real de la Constitución en España, la necesaria independencia del Tribunal Constitucional y del Supremo, o los efectos de la burbuja normativa en nuestra economía, su labor de divulgación nos ayudará a conocer qué cambios se necesitarían aplicar para llegar a tener, algún día, una democracia de máxima calidad, y no una cupulocracia ineficiente que no trabaja por el interés general, sino por los suyos propios.

Sin más dilación, empecemos con este viaje al centro del sistema ejecutivo, legislativo y judicial patrio.

Autores del libro ¿Hay derecho?


1.- El autor del libro ¿Hay derecho? que figura en la portada es Sansón Carrasco, ¿nos podríais explicar quién es este personaje y por qué lo habéis elegido como representante del grupo de autores?

Respuesta:

Razones editoriales hacían que no se pudiera comercializar el libro con el nombre de los cinco autores en la portada, de modo que había que ofrecer un nombre colectivo, y elegimos Sansón Carrasco, el cual es un personaje del Quijote, el bachiller que en la primera parte de la novela realiza un escrutinio de la biblioteca del Quijote, y en la parte final le derrota en “singular combate” y le obliga a dejar las armas –y su locura- y volver a casa. Nos pareció un nombre sonoro, muy español y con un cierto simbolismo, y por eso lo escogimos.

Valoración de partidos tipo Podemos


2.- Desde el primer momento habláis de la responsabilidad personal de cada uno y de la importancia de votar con una buena cultura democrática, dejando de ejercer el derecho al voto solo en base a la afinidad ideológica, castigando la corrupción y la mala gestión de los recursos públicos. ¿Qué valoración hacéis de la irrupción de un partido claramente ideológico pero de fuera del sistema político tradicional como Podemos? ¿Notáis un cambio real en la importancia que da el ciudadano a la política?

R: La irrupción de Podemos es, sin duda, un síntoma de que muchos ciudadanos están tomando en consideración la situación política y de que se encuentran muy en desacuerdo con ella y con la corrupción y demás males que denunciamos en el blog y también de que están dispuestos a movilizarse, incluso con opciones no tradicionales. Pero, dicho ello, es preciso simultáneamente alertar del peligro que tienen aquellos planteamientos políticos que proponen, más o menos abiertamente, una ruptura con el sistema político bajo el reclamo de la Democracia participativa que, en realidad esconde una democracia sin Estado de Derecho. Esto es lo que tantas veces repetimos en el blog y en el libro: no hay verdadera Democracia sin Estado de Derecho porque aunque podamos votar, el poder sin control, sin igualdad y sin procedimiento abocan a la corrupción y al abuso.

Eso significa que debemos luchar con las armas del Estado de Derecho, por mucho que ciertamente estas hayan sido en buena medida «confiscadas» por el sistema. Y ello significa también que se nos exige un esfuerzo suplementario como ciudadanos, pues hoy serlo implica responsabilidades que van más allá de votar cada cuatro años: es preciso informarse, participar, reclamar, asociarse, exigir transparencia y, por supuesto, no votar por una simple y presunta afinidad ideológica que en realidad supone comulgar también con todas las malas prácticas que ese partido u opción pueda haber tenido.

No decimos que haya que votar o no a uno o a otro partido: simplemente que juzguemos con la razón y no con el corazón y menos con la historia o la tradición y no toleremos a los políticos lo que no toleraríamos a nuestros, amigos, nuestros familiares, nuestros jefes o subordinados. Nos va mucho en ello, más de lo que parece.

Reformar la Constitución


3.- La Constitución es la Ley de Leyes cuyo texto determina el resto de nuestro ordenamiento jurídico. En el libro se cuestiona tanto la vigencia de lo establecido en el Carta Magna como su aplicación real. ¿Deberíamos cambiar la Constitución y, además, el funcionamiento del Tribunal Constitucional que vela por su aplicación?

R: Empezando por lo fácil, para mejorar el funcionamiento del TC bastaría con despolitizar el nombramiento de los magistrados (no olvidemos que el actual Presidente ha tenido carnet del PP, lo que se le «olvidó» comentar en el Congreso por cierto) y devolverle la profesionalidad y la neutralidad que caracterizó a sus mejores años de funcionamiento. Debería también potenciarse la selección objetiva y neutral de los letrados del Tribunal Constitucional. No puede ser tampoco que los recursos de inconstitucionalidad se resuelvan antes o después en función de los intereses del Gobierno de turno (caso reciente recurso sobre la reforma laboral vs recurso contra la ley del aborto vigente).

La Constitución tiene, a nuestro juicio, dos problemas: de incumplimiento en muchos de sus artículos, particularmente por parte de quienes son los principales garantes y responsables de su cumplimiento que son los Poderes Públicos (el caso del gobierno catalán es quizá el más flagrante, pero hay muchos más) y de falta de adecuación a la realidad puesto que España es, en el 2014, un país y una sociedad muy distintos al que era en 1978. No hay que tener miedo a abordar una reforma constitucional, máxime cuando ya se está haciendo «de facto» por la puerta trasera. Si somos serios, tenemos que tener una Constitución que se cumpla. Propondríamos empezar a estudiar desde un punto de vista jurídico las cuestiones que habría que reformar para que no haya que improvisar «sobre la marcha» aunque por supuesto lo más importante sería alcanzar un consenso político lo más amplio posible para ver qué tipo de país queremos para los siguientes 40 años.

El Rey


4.- ¿Cuál es vuestra opinión sobre la figura del Rey en España y sus prerrogativas ante la Justicia?

R: Si te refieres a don Juan Carlos, pensamos que ha hecho contribuciones muy importantes al país, especialmente durante la Transición. Pero la forma de agradecérselo no es facilitarle por la puerta de atrás una aforamiento universal para todo tipo de cuestiones civiles y penales, que en su caso particular, además, no se justifica desde el momento en que no desempeña cargo público alguno. Esa medida habla mal del legislador (que desconfía de los jueces no controlados o influidos por el poder político) transmitiendo así un mensaje nefasto al país, y, lamentablemente, también del propio ex monarca, que una vez perdida su inviolabilidad parece necesitar urgentemente la ultra protección que proporcionan nuestros altos tribunales politizados y de la que no disfruta ningún ex Jefe de Estado de ningún país democrático.

Demasiados aforados


5.- ¿Hay demasiados aforados en España? ¿Qué sentido tiene el aforamiento?

R: Sin duda los hay. Más de diez mil parece muchos, cuando no debería haber ninguno, o como máximo uno: el Presidente del Gobierno. Así ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno. El aforamiento pretende justificarse con una serie de argumentos que no resisten el más mínimo análisis, como hemos intentado demostrar en el blog. Si en nuestro país al que interpone querellas injustificadas no le pasa nada, la respuesta no consiste en salvar de la quema a unos cuantos privilegiados, sino resolver el problema. En España existe la acusación popular, a diferencia de otros países, sin duda, pero aparte de que en estos la fiscalía goza de mucha mayor autonomía política, los intentos de acabar con aquella institución en España no se han visto acompañados de medidas tendentes a terminar con los aforamientos, precisamente. No seamos ingenuos, el sentido del aforamiento en nuestro país es rentabilizar al máximo el control político del Consejo General del Poder Judicial por nuestra partitocracia. Cuando uno controla de manera indirecta los nombramientos de jueces en los tribunales superiores, tiene una previsible tendencia a desear que sus causas particulares sean instruidas por esos mismos jueces, cuya comprensión de «los condicionamientos de la política» es sin duda alguna superior a la media.

El equipo de iAhorro.com agradece a los autores de ¿Hay derecho? esta exclusiva entrevista colectiva, que continuará en los próximos días.

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