Cada vez son más los inversores que operan con activos digitales. Sin embargo, el aumento de operaciones de compra y venta conlleva una responsabilidad fiscal ineludible: incluir estos movimientos en la declaración renta criptomonedas. Tanto si has obtenido beneficios como si has sufrido pérdidas, es fundamental saber cómo informar a la Agencia Tributaria para evitar sanciones.
La fiscalidad de los criptoactivos puede ser compleja, especialmente cuando los fondos se encuentran en exchanges extranjeros o wallets fríos. A continuación desglosamos los escenarios más comunes para que sepas exactamente qué declarar.
La forma más habitual de operar es el trading. Al vender una criptomoneda por euros (o intercambiarla por otra cripto) se genera una ganancia o pérdida patrimonial.
En la declaración de la renta estos movimientos se integran en la base imponible del ahorro. Los tipos impositivos actuales oscilan entre el 19% y el 28% (dependiendo del tramo de beneficio).
A diferencia del trading, la minería se considera una actividad económica. Esto implica obligaciones adicionales antes de llegar a la declaración anual:
En tu declaración de la renta los ingresos netos (ingresos menos gastos deducibles como la luz o el hardware) tributarán como rendimientos de actividades económicas.
Si dejas tus criptomonedas en depósito para obtener rendimientos (staking o préstamos en plataformas DeFi), esos beneficios se consideran rendimientos de capital mobiliario. Su tributación es similar a la de los intereses de una cuenta bancaria tradicional, aplicando los tramos del ahorro (19%, 21%, 23%, etc.).
Recibir criptomonedas por captar nuevos clientes o por recomendaciones también tiene impacto fiscal.
Hacienda ha intensificado el control sobre los activos digitales. No incluir las actividades con las cripctomonedas en la declaración de la renta de forma correcta puede provocar que recibamos requerimientos y multas. Es recomendable descargar los informes fiscales de tus exchanges o utilizar software especializado para calcular el valor de adquisición y transmisión bajo el método FIFO (First In, First Out), que es el criterio exigido en España.